WASHINGTON D.C. – En un movimiento que ha generado una ola de críticas y recursos legales de emergencia, el Gobierno de Estados Unidos admitió este jueves la deportación de 86 inmigrantes que se encontraban protegidos por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Esta es la primera vez que la actual administración confirma la expulsión masiva de beneficiarios de este programa, conocidos como "Dreamers".
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó la medida bajo el argumento de que los individuos seleccionados habían incurrido en violaciones administrativas o penales que, según los nuevos criterios de la administración, invalidaban de forma inmediata su protección legal. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian que se trata de una estrategia para desmantelar el programa de manera gradual.
Endurecimiento de la política migratoria
La confirmación de estas deportaciones marca un punto de inflexión en la política migratoria del presidente Donald Trump, quien desde el inicio de su mandato en enero de 2025 ha impulsado una agenda de "tolerancia cero". A diferencia de administraciones pasadas, donde los beneficiarios de DACA solo eran deportables tras condenas por delitos graves, la nueva directriz parece ampliar las causales de expulsión a faltas menores o simples sospechas.
"No hay excepciones cuando se trata de aplicar la ley y proteger nuestras fronteras", señaló un portavoz del Gobierno federal en un comunicado. Los 86 jóvenes fueron trasladados en vuelos de deportación hacia sus países de origen, principalmente México y naciones de Centroamérica, tras procesos expeditos que, según abogados de inmigración, no permitieron una defensa adecuada.
Reacciones y batallas legales en curso
La noticia ha provocado protestas en diversas ciudades de Estados Unidos y una condena unánime por parte de legisladores demócratas y grupos civiles. "Esto es una violación directa a las promesas de protección para jóvenes que no conocen otro país más que este", declaró un representante de la coalición United We Dream.
Expertos legales han interpuesto mociones ante cortes federales para frenar futuras deportaciones de beneficiarios de DACA, argumentando que las expulsiones se realizaron sin el debido proceso y violando los estatutos vigentes del programa que aún no ha sido formalmente derogado por el Congreso. Se espera que en los próximos días se presenten testimonios de los familiares de los deportados, muchos de los cuales eran estudiantes universitarios o trabajadores esenciales.
Incertidumbre para millones de beneficiarios
El destino de los cerca de 500,000 "Dreamers" que aún permanecen en EE. UU. pende de un hilo. Con este precedente, el temor a ser detenidos en operativos de rutina ha crecido exponencialmente. Mientras tanto, el Gobierno de México ha activado sus consulados para brindar asistencia a los connacionales que han llegado al país tras ser expulsados, asegurando que se buscará su reintegración educativa y laboral.
