Lo que parecía un avance firme en materia de paridad de género terminó en un revés que, advierten, marca un retroceso en los derechos conquistados por las mujeres en el Poder Judicial. La ex magistrada Gertrudis Olivares Reyes denunció que la decisión de la Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejó sin efecto su nombramiento, pese a que ya había rendido protesta ante el Senado de la República y contaba con adscripción oficial.
Olivares explicó que el pasado 9 de febrero el Senado emitió una convocatoria para ocupar 12 vacantes, con fundamento en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual establece que los segundos lugares del mismo género deben ocupar las suplencias derivadas de comisiones en los plenos regionales.
Un día después, el 10 de febrero, rindió protesta como magistrada de circuito en materia laboral del Segundo Circuito, con sede en Toluca. El 12 de febrero recibió su adscripción mediante oficio del órgano de administración judicial.
Sin embargo, posteriormente se admitió una impugnación a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales (JDC 66/2026) ante la Sala Superior del Tribunal Electoral. El 18 de febrero se realizó una primera sesión en la que, según relató, no hubo consenso.
"El magistrado ponente sostenía que el segundo lugar correspondía al mismo género, con base en el principio constitucional de paridad. Otros magistrados hablaban de irreparabilidad, al tratarse de un acto consumado, pues ya había tomado protesta y había sido adscrita", explicó.
El asunto fue returnado a la ponencia de la magistrada Claudia Valle Aguilasocho, y el 25 de febrero, en sesión pública —disponible en el portal oficial del Tribunal—, la Sala Superior resolvió, con tres votos a favor y dos en contra, revocar su nombramiento.
De acuerdo con Olivares, la mayoría determinó que debía prevalecer el principio democrático sobre el de paridad de género previsto tanto en la Ley Orgánica como en el artículo 98 constitucional, al considerar que la asignación debía hacerse de manera literal con base en el resultado electoral y no bajo una perspectiva de género.
"Más que violentar la ley, es un triunfo que ya habíamos ganado las mujeres y que hoy se pierde. Es un retroceso", sostuvo.
Recordó que el espacio en disputa originalmente correspondía a una mujer que obtuvo el primer lugar y fue comisionada, por lo que, conforme a la lógica constitucional de paridad, debía ser ocupado por otra mujer y no por un hombre.
Al cierre de la sesión, la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso señaló que la decisión representaba un retroceso en los derechos de las mujeres, postura que fue retomada por Olivares al insistir en que no se trata de otorgar privilegios, sino de respetar el mandato constitucional de igualdad sustantiva.
La sesión pública puede consultarse en la página oficial de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
